El pasado 18 de junio de 2006 los ciudadanos de Catalunya aprobaron su segundo Estatut de Autonomía con una participación del 48% y el voto favorable del 74% mientras se opuso al mismo el 21% de los votantes. La participación fue muy baja a pesar tanto de lo apasionado de la campaña como de los insistentes llamamientos a la participación realizados por los líderes políticos. Pero la clse política catalana no hizo un llamamiento a la participación por amor al arte, sino para blindar y legitimar al Estatut frente a una posible revisión claramente reductora por parte del Tribunal Constitucional. El Partido Popular salió claramente beneficiado por los resultados de la consulta electoral y se sintió plenamente legitimado para elaborar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut que fue presentado a principios de agosto.

Desde aquél momento empezó a verse claramente que el debate en el seno del TC sobre el Estatut iba a ser muy largo y controvertido. Ipso facto el PP pidió la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por haber elaborado un informe para el Institut d’Estudis Autonòmics en el año 2003 sobre las posibilidades de proyección exterior de Catalunya. El pasado 5 de febrero, el TC finalizó largas y maratonianas deliberaciones sobre la recusación del magistrado con la decisión final de aceptar la misma, con lo cuál el Estatut entraba en una situación nada favorable a una interpretación flexible puesto que los magistrados decisores pasaban de 12 a 11 y los favorables a una intepretación amplia quedaban en una minoría de 5 frente a los favorables a la intepretación restrictiva que se convertían en una mayoría de 6.

En mi opinión la recusación de Pablo Perez Tremps es acertada dado que cuando el Institut d’Estudis Autonòmics le encargó su informe el Estatut se estaba empezando a redactar y si bien es cierto que en aquél momento no era juez del Tribunal Constitucional, la finalidad de dicho informe era conocer como podía orientarse de cara a la preparación del Estatut la cuestión de la acción exterior de la Generalitat. Para dictar sentencia sobre cualquier cuestión los magistrados deben ser imparciales y juzgar estrictamente sobre lo que establezca el texto, por lo que Pablo Pérez Tremps no cumple la condición de inegibilidad exigible para dictar sentencia dado que conoce más allá del texto y con su informe participó en el proceso de cocina del Estatut, en sus prolegómemos. De esta forma su recusación está plenamente justificada con argumentos jurídicos.

El Tribunal Constitucional es el máximo garante de la Constitución, base fundamental de nuestro sistema político democrático. Por lo tanto, disfruta como institución de tan elevado rango de un carácter claramente solemne y sus decisones sean del tipo que sean están plenamente justificadas y argumentadas. Por ello es inadmisible el juego que últimamente se están trayendo con el TC políticos de uno y otro signo para arrimar el ascua a su sardina, porque están convirtiendo al TC en la Corte suprema de una república bananera latinoamericana y cuando se convierte al TC en una corte de justicia carnavalesca nuestro sistema democrático se halla en serio peligro. Por eso, el magistrado Pablo Pérez Tremps no debe dimitir tal y como insinuan algunos para que el Gobierno nombre a otro magistrado y de esta forma sea el Estatut intepretado de forma flexible, porque otros magistrados han sido recusados de sus cuasa y no han renunciado a su cargo. Tanpoco puede recusarse al magistrado Jorge Zapata por haber realizado un estudio jurídico para la Generalitat tal y como pretende José Montilla para beneficiar de forma torticera a sus intereses, devolviendo el equilibrio al TC. Si entramos en esta dinámica nuestro sistema democrático que nos ha dado la mejor etapa de prosperidad en la historia reciente estará herido de muerte.

Campaña electoral para el referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía

Durante estos últimos quince días ha tenido lugar la campaña electoral para el referéndum sobre la propuesta de Estatuto de Aunonomía para Andalucía que tendrá lugar el próximo 18 de febrero. Este referéndum pone punto y final a un largo proceso de reforma estatutaria que se ha saldado con un Estatuto muy completo y bien elaborado, sin duda este Estatuto será uno de los puntos de referencia de esta segunda ola de nuestro Estado de las Autonomías. Al final de dicho proceso cabe destacar en un breve resumen la importante y clave tarea de liderazgo del proceso desempeñada por Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía, sin la cuál habría sido imposible dotar a Andalucía de un buen Estatuto de Autonomía capaz de situar a la región sureña a la cabeza de España. También cabe glosar la tarea llevada a cabo por Javier Arenas que como líder del Partido Popular ha pasado de no considerar necesario el texto estatutario a sentirse plenamente integrado dentro del mismo y a defenderlo de forma activa.

Pero los partidos andaluces han fallado estrepitosamente justo en el final del proceso, a la hora de colocar la guinda cuando debe consagrarse un claro respaldo de los andaluces al amplio marco estatutario conseguido por la clase política anadaluza. Pero esta campaña electoral ha sido un ejemplo de lo contrario y un claro fallo de la clase política andaluza que no ha sabio estar a la altura de aquello que los andaluces exigen. Hemos asistido durante estos días a una campaña aburrida en la que ha primado la demagogia, el argumento hueco y la descalificación personal en lugar de la información efectiva que desarrolle un debate pleno de contenido sobre los aspectos fundamentales del Estatuto. Todo ello me hace pensar que el próximo 18 de febrero vamos a asistir a un elevado índice de abstención fruto del alto grado de apatía entre los andaluces.

Desde el PSOE, Manuel Chaves ha sido un buen maestro del argumento fácil sin contenido basando el apoyo al Estatuto en afirmaciones vacías como la igualdad de género o la lucha contra el cambio climático. Por parte del PP, Javier Arenas ha hecho escaso honor a su vocación centrista que le llevó a alcanzar el consenso y a lo largo de la campaña ha hecho gala de una posición muy demagoga claramente contradictoria con el centrismo, dado que ha basado la campaña en argumentos fuera de contexto como la lucha contra ETA o bien ha hecho gala de un anticatalanismo barato y sin ningún argumento sólido. Izquierda Unida ha pasado una vez más sin pena ni gloria y para recabar la atención mediática se ha dedicado a sacar argumentos trasnochados como el antiatlantismo. Finalmente, el Partido Andalucista se halla cada vez más debilitado y se ha sumado a la demagogia catalanista como único argumento de utilidad contrario al texto, por eso si el resultado de votos negativos es inferior al resultado porcentual obtenido por el PA, el partido histórico de Alejandro Rojas Marcos y Pedro Pacheco se hallará escribiendo el principio de su fin.

Para acabar cabe destacar como fenómeno a seguir la sorpredente irrupción de Ciutadans en Andalucía, que ya cuenta con pequeñas pero significativas agrupaciones de militantes en Sevilla, Málaga y Granada. Resulta soprendente por cuanto contradice los pronósticos de todos aquellos que decían que este fenómeno sólo iba a tener éxito en Catalunya puesto que su discurso sólo allí podía tener éxito. Así pues, Ciutadans ha hecho acto de presencia en la campaña pidiendo el voto contrario por no responder el Estatuto a los intereses reales de la ciudadanía. Dicho argumento es muy discutible, pero en todo caso y al igual que pasó en Catalunya con el referéndum del pasado 18 de junio podrán decir que han ganado y que sus planteamientos han tenido éxito si la abstención es nuy elevada. Si este escenario de elevada apatía tiene lugar, tendrán el terreno abonado para echar raices en Andalucía.

¿Paréntesis Zapatero?

El pasado 3 de Febrero tuvo lugar en Madrid una nueva manifestación, la sexta desde los acontecimientos del pasado 30 de diciembre, convocada por el Foro de Érmua con el lema Por la libertad, contra el terrorismo. Por la derrota de ETA, no a la negociación. Dicha negociación fue apoyada por el Partido Popular, Ciutadans y la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo (AVT).

El próposito de esta manifestación era mostrar el rechazo a la negociación con ETA tras la ruptura del proceso de paz que supuso el atentado contra la T-4 del Aeropuerto de Barajas y que se saldó con la muerte de dos personas, junto también con el rechazo a la actitud de ambigüedad calculada mostrada por Zapatero y que contrasta claramente con el convincente rechazo a cualquier intento de negociación mostrado tanto por Alfredo Pérez Rubalcaba como por María Teresa Fernández de la Vega. El secretario de Estado de comunicación, Fernando Moraleda despreció la importancia del significado de la manifestación calificándola de manifestación antigubernamental pero nada más lejos de la realidad dado que la gran mayoría de los dirigentes del partido gubernamental mantienen una posición contraria a intentar de nuevo cualquier intento de negociación, mientras la posición favorable a no cerrar la puerta a cualquier intento de negociación es claramente minoritaria y tiene como único representante visible a José Luís Rodríguez Zapatero. El Presidente del Gobierno sabe que la consecución del fin de la violencia de ETA y la pacificación de Euskadi es el logro máximo al que puede aspirar cualquier Presidente, pero no por ello debe obstinarse en ello y entender que cuando las circunstancias del momento lo hacen inviable y la mayoría de la opinión pública se opone a ello no debe obstinarse porque de seguir esta línea corre un serio riesgo de perder el cargo.

La opinión pública española ha sido consultada en la calle con respecto al futuro del proceso de paz y se ha manifestado a favor de afrontar el fin de la banda terrorista ETA por la vía policial y con todos los mecanismos que ofrece el Estado de Derecho para ello, porque la vía de la negociación (como en 1988 y 1999) se ha mostrado de nuevo totalmente infructuosa habida cuenta la nula voluntad de ETA de flexibilizar sus posiciones y mostrar un mínimo arrepentimiento por su larga historia sangrienta de cuarenta años de duración. Este argumento se sustenta en que los partidarios de la firmeza contra la banda terrorista agrupados bajo la manifestación del pasado 3 de febrero con sus 500.000 asistentes prácticamente triplicaron a los defensores de continuar intentando la negociación que contaron con 175.000 partidarios en la manifestación del pasado 10 de enero.

Es bien sabido que el autor de este blog había sido defensor del proceso de paz hasta los atentados del pasado 30 de diciembre, que me situaron entre aquellos partidarios de comabtir a ETA mediante la vía policial porque ha sido la banda terrorista la que ha quebrado la confianza necesaria para llevar adelante cualquier proceso de paz. Yo estoy completamente convencido al ver a cualquiera de los dirigentes del PSOE de que el proceso de paz está finiquitado, pero la máxima autoridad que tendría que ser el líder claro de la nueva estrategia frente a ETA siembra el desconcierto de forma irresponsable.

Es evidente que ante esta situación la continuidad de Zapatero al frente del Gobierno tras las próximas Generales está claramente en entredicho. Y lo está porque el Partido Popular es capaz de movilizar a sus bases de forma mucho más efectiva que lo que hace el PSOE y ello demuestra que a dia de hoy el PP ha ganado la batalla de la calle, con lo cuál está en situación de ganar las próximas Elecciones Generales. De esta forma podríamos decir que el período de gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero habría sido una de las etapas más breves de nuestra reciente historia democrática tras la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Será verdad? Veremos, pues la coyuntura política en España tiende a ser etxremadamente variable.

Proceso a un lehendakari

El pasado 24 de enero tuvo lugar una nueva movilización popular, la quinta ya desde que el pasado 30 de diciembre se inició la situación actual. Esta manifestación tuvo lugar en Bilbao y fue convocada por el Gobierno vasco con el objetivo de respaldar al lehendakari Juan José Ibarretxe, como consecuencia de su procesamiento por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por la reunión que mantuvo tras el proceso de paz con el líder de Batasuna, Arnaldo Otegui.

Los defensores de la querella, presentada por el Foro de Érmua, la han argumentado en el carácter de Batasuna como organización ilegalizada y por lo tanto, en la ilegalidad incurrida por el lehendakari al reunirse con el líder de un partido ilegalizado. Estos defensores de la querella contra Ibarretxe también presentaron en su día sendas querellas contra el líder del PNV, Josu Jon Imaz por haberse reunido con Otegui y contra los dirigentes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares por la reunión que también mantuvieron en su día con Otegui y la plana mayor de Batasuna.

Finalmente, todas estas querellas han sido admitidas y en diciembre el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que no consideró delito las reuniones mantenidas con Batasuna dado que su finalidad estaba enmarcada dentro del proceso de paz. Todas las querellas fueron archivadas... Todas? Menos una, la del lehendakari que siguió su curso. ¿Por qué? No alcanza mi lógica la comprensión de este hecho, porque si el lehendakari, Patxi López, Josu Jon Imaz no se reunen nunca con Batasuna u Otegui jamás será posible poder conseguir que ETA deponga las armas. Por lo tanto, el lehendakari no cometió ningún delito el pasado 25 de abril de 2006 pero la lógica no ha funcionado en su caso y ahora a ver que pasa, porque no soy capaz de hacer una predicción. En todo caso, iré informando de lo que suceda con respecto a su situación.
En otro orden de cosas, tuvo lugar la segunda ronda quincenal de contactos que mantiene Alfredo Pérez Rubalcaba con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y de la misma, salió un resultado que como la semana pasada invita al optimismo con respecto a la constitución de un Pacto Antiterrorista que agrupe a todas las fuerzas parlamentarias y a pesar de que está costando mucho, el acuerdo se alcanzará más tarde que pronto y los buenos pasos han sido ratificados por Josep Antoni Duran i Lleida (CIU) y Josu Erkoreka (PNV).

De Juana Chaos, único responsable de su propia suerte

Los magistrados de la sala de lo civil de la Audiencia Nacional fallaron por amplia mayoría mantener el actual régimen penitenciario del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, desestimando la petición del fiscal que había pedido el arresto domiciliario de acuerdo con su delicado estado de salud, motivado por la huelga de hambre que sigue desde el pasado 7 de octubre. La sentencia de la Audiencia Nacional ha sido totalmente acertada dado que el estado de salud en el que está el etarra depende únicamente de él mismo y no de factores externos, dado que fue él quien voluntariamente decidió llevar a cabo una huelga de hambre para protestar por su situación penitenciaria, sin que la dirección de la banda terrorista ETA acpetara su decisión ni el colectivo de presos de la banda secundara la medida. Por ello, hubiera resultado altamente alarmante que la Audiencia Nacional hubiera tomado otra decisión y de hecho ya se tuvieron en cuenta los aspectos humanitarios al autorizar su alimentación forzada y su ingreso hospitalario. A pesar de la alimentación forzada podría ser que el preso muriera como consecuencia del desgaste físico acumulado tras tres meses de huelga de hambre. Si el etarra muriera, la banda terrorista ETA reaccionaría de forma inmediata emitiendo un comunicado en el que rompería de iure la tregua, de facto ya se rompió el pasado 30 de diciembre, e ipso facto iniciaría una campaña de atentados en la que de nuevo volvería a los asesinatos. La semana pasada dije que ETA volvería pronto a su actividad de forma prolongada y las pesimistas previsiones se han cumplido dado que en la localidad fronteriza de Portbou fue detenido Iker Aguirre, etarra que había partido con órdenes del jefe de la banda, Garikoiz Aspiazu, de recopilar datos sobre la Copa América que tendrá lugar a partir del mes de abril en Valencia para realizar un atentado espectacular como el que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre en Barajas para seguir posteriormente con más atentados por la costa mediterránea. ETA está intacta y convendría estar especialmente vigilantes de cara a la campaña electoral para el referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

En el plano político cabe resaltar el gran esfuerzo negociador que están realizando tanto el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana, para llegar a un acuerdo que permita reconstruir el pacto Antiterrorista a partir del consenso de todas las fuerzas políticas. Pasarán todavía unas cuantas semanas pero yo soy optimista y creo que finalmente tanto el PSOE como el PP van a pactar unas bases de acuerdo a partir de las que se podrán añadir las restantes fuerzas parlamentarias. De momento, la semana que viene se reunirá por segunda vez la ronda de contactos quincenal que el ministro Rubalcaba mantiene con los partidos sobre política antiterrorista. A ver qué resultado sale...