A finales del pasado mes de enero el diario El País hizo publica la existencia de una supuesta trama de espionaje bajo la dirección del Gobierno de la Comunidad de Madrid que tendría por objetivo el seguimiento a varios políticos madrileños. De las informaciones publicadas por El País se deduce la existencia de tres unidades distintas dedicadas al espionaje. La primera unidad estaría dirigida por el ex polícia Sergio Gamón y adscrita a la consejería de Presidencia, Interior y Justicia tendría por objetivo la realización de informes relacionados con supuestas tramas de corrupción en los municipios que integran el territorio de la Comunidad de Madrid. La segunda unidad se dedicó al espionaje del vicepresidente Ignacio González en un viaje realizado a Colombia junto al responsable de la empresa pública Canal de Isabel II, distinguiéndose de las demás tramas por su elevado nivel de profesionalidad ya que realizó sus actividades con cámara oculta. Finalmente nos encontramos con una tercera y última unidad dedicada al seguimiento del ex consejero de Justicia Alfredo Prada y del vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, diferenciada de las demás por los seguimientos manuscritos y un tanto rudimentarios realizados por los autores.
La Comunidad de Madrid no dispone de un cuerpo policial propio como si disponen Catalunya o País Vasco, junto a otras comunidades que preven disponer de él en el futuro ya que lo han previsto así en sus nuevos estatutos. En el caso de las Comunidades Autónomas que no disponen de cuerpo policial propio son los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los encargados de vigilar las instalaciones del Gobierno regional, pero no sólo deben realizar esa función sino también el control del territorio de la Comunidad de Madrid. Tanto la Erztantza como los Mossos d’Esquadra disponen de su propia unidad de información, por lo que no debe deducirse como un hecho negativo que la consejeria de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad madrileña disponga de su propia unidad destinada al control y vigilancia de todo aquello cuanto pudiera acontecer en el territorio autónomo madrileño. Otro asunto son las otras dos unidades referidas.
En cuanto a la unidad encargada del espionaje de Ignacio González resulta difícil atribuir a personal adscrito a la consejería dirigida por Francisco Granados dicha tarea de seguimiento y espionaje, porque su modo sofisticado no cuadra con el modo rudimentario y chiusquero usado por la unidad destinada a los seguimientos de Alfredo Prada y Manuel Cobo. Aquellos que espiaron a Ignacio González usaron potentes cámaras ocultas y por lo tanto resulta altamente improbable culpar a responsables adscritos a la Comunidad de Madrid la realización del espionaje a González, cuando los responsables del seguimiento a Prada y Cobo realizaron su seguimiento a base de papel y lápiz ¿De ser ellos también como se entiende que no hubieran usado la cámara oculta para espiar y no seguir a Prada y Cobo? En el caso de Ignacio González ha habido delito porque ha habido intrusión en su intimidad y por lo tanto se pueden calificar estos hechos como de espionaje. Es a mi juicio en el caso González dónde está todo el meollo de este asunto porque ese espionaje es de autoría desconocida, pero su sofisticación huele a altas instancias que no son precisamente las de un simple gobierno autónomo, dicho esto último con todos los respetos del mundo. Es esta vía la que deja un margen amplio para la investigación: la del espionaje a Ignacio González.
Respecto las actividades de la tercera unidad con toda sinceridad debo decir que ni siquiera llegan a espionaje, no son más que burdas anotaciones sobre los desplazamientos diarios de dos personalidades que no necesitan ni una gran sofisticación ni infraestructura para poder ser llevadas a cabo. No hay delito porque no hay intrusión en la vida privada de ambos, pero si hay mala fe porque fueron seguidos con la finalidad de controlar sus movimientos. Los seguimientos fueron realizados entre los meses de abril y junio del pasado año, justo cuando la batalla por el liderazgo popular entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se hallaba en su máximo apogeo. Todos los que me conocen bien saben que no estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre pero es de todo menos tonta, no la veo capaz de ordenar unos seguimientos de este tipo de una manera tan poco profesional, esperpéntica, carnavalesca.... Así que esta decisión ha tenido que partir de uno de sus subordinados que ha actuado por su cuenta y riesgo: o el consejero Granados o uno de sus inferiores ha decidido los seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo. Insisto en que estos seguimientos no son susceptibles de ser tipificados como delito pero detrás de los mismos hay mala fe: en definitiva la crisis debe saldarse con la dimisión del consejero Francisco Granados porque es él quien seguramente ha ordenado estas actividades.
Los juzgados de Madrid ya han abierto diligencias al respecto, pero hasta el momento han pasado varias semanas y no ha habido actuación alguna. A petición de Esperanza Aguirre la Asamblea de Madrid ha aprobado la creación de una comisión de investigación. En cuanto a la actitud de la oposición de PSOE e IU frente al asunto de la presunta trama de espionaje llego a la conclusión de que más incompetente no ha podido ser, pues ni siquiera fueron capaces de pedir finalmente la comisión de investigación ni de plantar cara en las distintas comparecencias de Aguirre y Granados. Todo ello me hace llegar a la conclusión de que si el PP sale desgastado por este episodio quien relamente sacará rédito de ello es Unión, Progreso y Democracia (UPD) la formación de Rosa Díez que ya está demostrando una fuerte pujanza en Madrid y alrededores. No olvidemos que el único escaño que UPD posee en el Congreso lo tiene por Madrid con la vizcaina y vasca por excelencia Rosa Díez.
