El prestigio del Tribunal Constitucional se tambalea

Tras el triunfo de la recusación de Maria Emilia Casas frente al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la LOTC el Tribunal Constitucional se quedó con 11 miembros y una ligera ventaja para los magistrados conservadores por 6 a 5. Dicha nueva mayoría permitía poder declarar inconstitucional la LOTC por el alagramiento del mandato de la presidenta hasta la expiración de su mandato y que, el magistrado conservador Vicente Conde pudiera hacerse con la presidencia del mismo acelerando la preparación de una sentencia sobre el Estatut de Catalunya con anteioridad a la celebración de las Elecciones Generales. Ipso facto el Gobierno anunció su intención de presentar una recusación contra los magistrados conservadores Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde por haber manifestado a Maria Emilia Casas mediante carta su opinión contraria a la reforma de la LOTC.

Dicha recusación que el Gobierno pretende presentar no tiene fundamento jurídico alguno. Que dos magistrados se dirijan por carta a la presidenta del TC para expresarle su posición contraria a la reforma de la LOTC no supone prejuzgar de modo alguno la causa de inconstitucionalidad presentada por el Partido Popular. La recusación hubiera tenido fundamento jurídico si dichos magistrados hubieran hecho pública su posición contraria a la ley, pues de la misma se derivaría una clara parcialidad en su posición que les invalidaría para expresar voto alguno en la causa de inconstitucionalidad de la LOTC. Los magistrados han actuado como profesionales de la más alta magistratura del Estado expresando privadamente a la Presidenta su descontento con la LOTC por lo que no ha lugar la recusación.

Sin embargo en cuanto se formalice la recusación saldrá adelante pues ambos magistrados deberán no participar en la votación, con lo que el pleno quedará formado por nueve magistrados dentro de los cuales habrá una ligera mayoría progresista que apartará a Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde del debate sobre la LOTC por 5 votos a favor y 4 en contra. Así pues sobre el recurso de inconstitucionalidad de la LOTC tan solo decidirán nueve magistrados y con la mayoría anteiormente anunciada presumiblemente será declarada constitucional la ley recurrida. Maria Emilia Casas proseguirá como presidenta del TC hasta las Elecciones Generales y posteriormente pasará a debatirse el recurso sobre el Estatut de Catalunya.

Es vergonzosa la instrumentalización que está sufriendo durante los últimos meses dicha institución que es una de las más altas magistraturas del Estado y por ello máxima garante del mantenimiento del orden constitucional establecido en 1978. Es de una clara aberración que por parte de las dos fuerzas principales de España se esté cometiendo tal irresponsabilidad tratando de alterar la composición de un tribunal que debería disfrutar de la máxima imparcialidad exigible a cualquier institución del Estado. Dicha situación que afecta gravemente al prestigio del TC sólo se solucionará tras las Elecciones Generales, cuando serenado el clima político actual tanto PP como PSOE lleguen a un acuerdo para renovar a los cuatro magistrados elegidos por el Senado cuyo mandato finaliza en diciembre. Entonces si se podrán afrontar con total garantía de imparcialidad las importantes cuestiones que tiene en la agenda el TC como el Estatut de Catalunya, la Ley sobre bodas gays y lésbicas, la Ley de igualdad y la LOTC. La mayor garantía de imparcialidad del TC será la sentencia interpretativa que harán los magistrados progresistas y conservadores sobre el Estatut, manteniendo intacta su forma pero recortando ampliamente su contenido. Los catalanes debemos asumir que todos los escenarios posibles dejarán al Estatut tocado y hundido, aceptaremos la sentencia porque será imparcial y prepararemos el mejor escenario posible para dar continuidad y estabilidad a nuestro próspero marco de autogobierno.

Dimite Joan Ignasi Pla: crisis en el PSPV

El pasado 16 de octubre el diario El País publicó una información que implicaba al líder de los socialistas valencianos don Joan Ignasi Pla en un presunto caso de corrupción al acusarle de no abonar el importe de unas obras realizadas por un constructor en su propia casa. Desde la dirección nacional del PSOE don José Blanco exigía a Joan Ignasi Pla que diera explicaciones sobre las informaciones publicadas por El País y Pla reconocía las mismas, aunque acusó a diversos sectores de querer forzar su dimisión. No tuvo más remedio que presentar su dimisión al día siguiente, pues la Dirección Nacional del PSOE había dado a entender que quería la dimisión de Joan Ignasi Pla y él había reconocido los hechos de los que se le acusaba, comprometiéndose a devolver el dinero que debía. Al día siguiente José Blanco dio a conocer la constitución de una gestora encargada de dirigir al PSPV hasta la celebración del próximo congreso y la elección de un nuevo líder. La gestora estaba dirigda por el ex presidente de la Generalitat don Joan Lerma y quedaba integrada por personalidades como Carmen Alborch o Leire Pajín.

La decisión tomada por Joan Ignasi Pla debe ser aplaudida pues demuestra un elevado grado de honradez al asumir unos hechos que van en contra del más elemental código de ética y deontología presentando de este modo su dimisión. Sin embargo queda perfectamente claro que dicha noticia ha sido una filtración interesada por parte de determinados sectores, tanto del socialismo valenciano como de la madrileña calle de Ferraz para conseguir su dimisión que no se había producido tras los desastrosos resultados cosechados por el PSPV en la Comunitat Valenciana de las elecciones del pasado mes de mayo.

Tras conocerse dichos resultados Joan Ignasi Pla debería haber presentado su dimisión ipso facto pero no lo hizo y continuó aferrado al cargo. Poco después se produjo una remodelación en el Gobierno central y el hasta entonces ministro de Administraciones Públicas don Jordi Sevilla cesó en su cargo y volvió a Valencia con el objeto de prepararse para asumir el liderazgo del PSPV. Al ser imposible la dimisión de Pla decidieron utilizar información privilegiada contra él y han conseguido su objetivo, pues tras confirmarse la verosimilitud de la información el hasta ahora líder socialista debía presentar su dimisión.

Ahora la gestora debe dirigir al PSPV hasta la celebración del congreso correspondiente preparándolo para hacer un papel digno en las Elecciones Generales. Hablo de papel digno pues hay que asumir de antemano que los socialistas no van a mejorar resultados, dado que son claramente incapaces de tejer un discurso capaz de hacer la más minima sombra a los populares de Francisco Camps, Rita Barberá, Eduardo Zaplana y Carlos Fabra. Van a empeorar sus resultados a pesar del encabezamiento de la lista por Valencia de María Teresa Fernández de la Vega pues esta va a ser incapaz de tener el suficiente tirón entre los valencianos, pero hará un papel digno siempre y cuando sólo pierda un diputado o mantenga los actuales. Ello será posible siempre y cuando la gestora conduzca la transición hacia un nuevo período de forma ordenada y firme. Tiene los mimbres necesarios para ello pues está integrada por políticos de reconocido prestigio, racionalidad y disciplina pero si montan algún escándalo, como pasó con otras gestoras en el pasado, el descalabro será monumental y forzaría una nueva gestora además de poder infligir a Zapatero una derrota nacional dentro del ajustado panorama electoral que guía hoy a España. Se apuesta por Jordi Sevilla como nuevo y futuro líder del PSPV, pero las dudas planean sobre él de forma razonable pues yo creo que forzará a los socialistas a más años de oposición.

De la suspensión o ilegalización del PCTV y ANV:

La Ley de Partidos determina el conjunto de causas que se requieren para poder ilegalizar a una formación política en virtud de su actividad amenazante hacia el sistema constitucional vigente desde 1978. Vamos a observar qué argumentos jurídicos pueden utilitzarse para proceder a la ilegalización o suspensión de actividades de PCTV o ANV.

A) Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) – El Partido Comunista de las Tierras Vascas fue creado el 26 de agosto de 2002, justo el mismo día que el juez Baltasar Garzón dictaminó la suspensión de actividades de Batasuna, previa a su posterior ilegalización por parte del Tribunal Supremo. La finalidad del mismo era clara: servir de plataforma durmiente para poder ser activada en cualquier cita electoral burlando de esta manera la ley. Y así fue pues en las Elecciones al Parlamento Vasco de 2005 se presentaron y pudieron participar cosechando un total de nueve escaños. Enseguida como popularmente se dice se les vio el plumero, pues su actividad política se reducía unica y exclusivamente al recinto del Parlamento de Vitoria mientras la actividad mediática y las reuniones recaían en los lideres de la ilegalizada Batasuna, con lo cual el PCTV era una mera plataforma de suplantación parlamentaria de Batasuna.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley de Partidos los argumentos que permiten iniciar el proceso de ilegalización del PCTV son los siguientes:

a) El Partido Comunista de las Tierras Vascas se ha negado de forma rotunda a condenar en sede parlamentaria vasca tanto el atentado del pasado 31 de diciembre contra la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas como los diversos atentados que han tenido lugar tras la ruptura de la tregua por parte de ETA. De esta forma ha exculpado a la banda terrorista de la comisión de los mismos con lo cual concurre en causa de ilegalización dado que ha minimizado sus efectos.

b) El PCTV tiene tanto en sus órganos directivos como en sus tres listas electorales a personas condenadas por pertenecer a banda armada y también a personas que mantienen doble militancia en la ilegalizada Batasuna que a efectos legales tiene la consideración de entidad política vinculada a la banda terrorista ETA, causa y motivo de su ilegalización. Esta estrecha relación del PCTV con Batasuna y por lo tanto, su doble relación con ETA sería motivo suficiente para proceder a la ilegalización del PCTV.

c) El juez Baltasar Garzón está investigando una posible desviación de la subvención parlamentaria que le corresponde a PCTV en función del numero de votos y de escaños que obtuvo en las pasadas elecciones hacia Batasuna. Si se confirmaran dichas suposiciones sería un supuesto más de ilegalización pues se trataría de cesión a los terroristas de los derechos y prerrogativas concedidos a los partidos políticos.

d) El PCTV ha cedido a Batasuna varias de sus sedes para que los dirigentes de la ilegalizada Batasuna pudieran celebrar reuniones. Dicha circunstancia implica colaboración habitual con una organización que ha apoyado sistemáticamente una organitzación terrorista como es ETA.

B) Acción Nacionalista Vasca (ANV) – ANV es un partido histórico nacido en el año 1930 a partir de una escisión del PNV. Durante el año 1979 fue uno de los tres partidos que constituyo Herri Batasuna y con su refundación en 1998 como Euskal Herritarrok prosiguió integrando la formación aunque en 2002 cuando se produjo la tercera y última refundación en el nombre de Batasuna se desvinculó de la formación. Sin embargo, a pesar de independizarse de Batasuna no se presentó a ninguna contienda electoral y se convirtió en una formación latente sin apenas actividad hasta que de forma sorprendente irrumpe en las Elecciones Municipales de mayo de este año, pudiendo presentar listas electorales en algunos municipios de País Vasco y Navarra aunque el Tribunal Supremo las eliminó en otros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley de Partidos los argumentos que permiten iniciar el proceso de ilegalización del PCTV son los siguientes:

a) Los concejales de Acción Nacionalista Vasca se han negado rotunda y sistemáticamente a condenar los atentados cometidos por la banda terrorista ETA desde la ruptura de la tregua. De esta forma se han dedicado a justificar y exculpar dichos hechos, por lo que la actuación de los electos en varios municipios de Euskadi y Navarra se puede considerar constitutiva de ilegalización.

b) En los ayuntamientos de Euskadi y Navarra dónde tienen representación los electos de ANV se han dedicado a ofrecer cobertura política a la violencia de ETA ejerciendo coacción sobre todos aquellos que no apoyan la violencia terrorista de ETA. Buen ejemplo de ello fue la constitución de los Ayuntamientos vascos y navarros tras las Elecciones Municipales junto con la coacción constante en la gestora de Ondárroa y hacia los concejales populares de Lizartza.

c) En el seno de sus filas Acción Nacionalista Vasca (ANV) incluye a un numero considerable de personas que se ha demostrado que mantienen doble militancia en Batasuna, circunstancia que se da tanto en sus órganos como en las listas electorales presentadas en varios municipios de Euskadi y Navarra.

d) En los diversos ayuntamientos del País Vasco y de Navarra dónde ostenta el gobierno ANV ha prestado apoyo a ETA y su entorno ofreciendo subvenciones a los presos de la banda terrorista.

e) En los diversos ayuntamientos del País Vasco y de Navarra dónde ostenta el gobierno ANV ha prestado apoyo a ETA y su entorno organizando acciones de homenaje a los presos y distintos miembros de la organización terrorista.

La cúpula de Batasuna entra en prisión

El pasado 4 de octubre los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna celebraron una reunión en la localidad guipuzcoana de Segura con el objetivo de proceder a la reestructuración de la misma tras el encarcelamiento de Arnaldo Otegui, Joseba Álvarez y la nueva situación creada tras la ruptura de la tregua por parte de la banda terrorista ETA. La Policía detectó dicha reunión y habida cuenta de la vinculación de Batasuna con ETA don Baltasar Garzón ordenó la detención de los 23 miembros presentes, porque como consecuencia de su ilegalización dicha formación no puede celebrar reuniones de ningún tipo. Entre los detenidos se hallan personas como Juan José Petrikorena, Ohiane Aguirre o Joseba Permach y la sede del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) fue registrada de arriba abajo en la localidad guipuzcoana de Lasarte. Dos días después 17 de los 24 detenidos fueron a prisión.

La decisión del juez Baltasar Garzón puede y debe calificarse como altamente positiva en tanto en cuanto pretende mermar las bases de apoyos sociales que permiten a ETA proseguir su letal y mortífera acción terrorista desde hace cuarenta años. Sin embargo amenaza con ser como una gota de agua en mitad de un desierto si no se acompaña de otras acciones contundentes en varios frentes: la ilegalización del PCTV y ANV por su vinculación con Batasuna y la detención de etarras en territorio español que complementen la fuerte presión a la que está sometida la banda en Francia. La combinación de estas tres acciones sería determinante para situar a ETA contra las cuerdas.

A pesar de la espectacularidad de la operación y su acierto los efectos positivos que la misma pueda proyectar en el futuro son muy discutibles. Esto es así porque de los 33 miembros con los que contaba Batasuna en el momento de la reunión en Segura fueron detenidos 23 dado que los 10 restantes no acudieron a la reunión y además de entre los 23 detenidos 17 han ido a la cárcel. Así pues han quedado libres 16 de los 33 miembros de la cúpula de Batasuna, porque era injustificable su encarcelamiento de acuerdo a derecho por no tener causas penales previas mientras los encarcelados presentaban una ya manifiesta reiteración delictiva que justificaba su ingreso en prisión.

De este modo Batasuna podrá reorganizarse en un futuro no demasiado lejano y continuar sus actividades en la clandestinidad, pues con dieciséis personas libres cuenta con la base necesaria para seguir viva bajo la batuta de Pernando Barrena y Jone Goirizelaia. Así pues soy bastante pesimista con respecto a la posibilidad de poder reducir la base social que legitima la infamia etarra, pues la operación no ha presentado la efectividad acorde con el carácter espectacular de la misma. De cara a próximos artículos expondré los argumentos jurídicos acordes con la Ley de Partidos que pueden conducir a la suspensión de actividades y posterior ilegalización del PCTV y ANV.

El futur de l’Estatut

El futur de l’Estatut de Miravet refrendat pels ciutadans de Catalunya el passat 20 de juny de 2006 sembla com una llarga partida de cartes jugada sobre la taula del TC a tres bandes: el Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat i el Partit Popular. Una vegada celebrat el referèndum fou promulgat per sa majestat Joan Carles I la data del 5 de juny de 2006 i finalment entrà en vigor l’1 d’agost de 2006. Aquell mateix dia i malgrat haver perdut el referèndum, puix demanava el vot contrari, el Partit Popular presentà un recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut de Miravet davant del Tribunal Constitucional. Aquest recurs obrí la porta a d’altres recursos parcials presentats davant el TC per part de governs de CC.AA i d’un recurs presentat per l’actual defensor del Poble. L’1 d’octubre de 2006 el TC admeté a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat i el Partit Popular presentà una recusació contra el magistrat Pablo Pérez Tremps per haver fet un estudi a càrrec de l’IEA durant el procediment d’elaboració de l’Estatut. Va guanyar aquesta recusació i el TC es quedà amb 11 membres per decidir sobre l’Estatut i amb un lleuger desequilibri en contra del mateix. El Govern de la Generalitat va intentar equilibrar aquesta situació tot recusant al magistrat Jorge Fernández Zapata però no va ser acceptada pel que es mantingué el desequilibri de 6 a 5 contrari a l’Estatut. El Govern presentà noves al·legacions tot dient que el PP considerava inconstitucionals principis recollits a Estatuts de CC.AA que havia aprovat com és el cas d’Andalusia, Aragó o la Comunitat Valenciana però el TC les rebutjà. La última d’aquestes maniobres desprestigiadores del bon nom de la institució la dugué a terme el Govern de l’Estat prorrogant el mandat de la presidenta Maria Emília Casas més enllà del seu termini que finalitzava durant el mes de juny d’enguany, fins que es dugués a terme la seva substitució amb tres magistrats més designats pel Senat. Aquesta maniobra es va fer amb la reforma de la LOTC i consistí en la prorrogació del mandat de Casas fins que es fes efectiu el seu relleu al si del TC per part d’un nou magistrat, tot evitant que un magistrat del sector conservador pogués fer-se amb la presidència del TC i d’aquesta manera utilitzés el decisiu vot de qualitat que inclinaria definitivament la balança en contra de l’Estatut. El PP presentà un nou recurs d’inconstitucionalitat contra la LOTC que fou admès, tot demanant la recusació de Maria Emilia Casas per tal que no es pronunciés sobre una llei que l’afectava i com que la presidenta es va abstenir doncs la recusació sortí endavant per 6 vots contra 5.

Després d’aquesta situació els pitjors auguris sobre el futur de l’Estatut semblen fer-se realitat ja que Maria Emilia Casas deixarà la presidència i el jutge conservador Vicente Conde la substituirà, tot exercint aquest el seu vot de qualitat que desequilibrarà la balança en favor d’una sentència que asestarà la punyalada definitiva a l’Estatut de Miravet. Una vegada recusada Casas la sentència sobre la LOTC seria immediata tot declarant la inconstitucionalitat del precepte impugnat, relleu a la Presidència del TC i acceleració del debat sobre el recurs d’inconstitucionalitat que podria desembocar en una sentència contrària abans de les Eleccions Generals amb les greus conseqüències en malestar i radicalització que suposaria aquest fet tant per Catalunya com pel conjunt d’Espanya.

Una sentència del TC contrària a la constitucionalitat de l’Estatut suposaria un clima de clara radicalització a la política espanyola donat que en cas de victòria del Partit Popular aquest no podria comptar amb el recolzament de CIU per formar una majoria parlamentària estable, donat que no es pot donar suport per governar Espanya aquells que han vulnerat greument la voluntat dels ciutadans de Catalunya expressada en referèndum el 20 de juny de 2006. Així doncs, fruit d’aquest gravíssim error comès pels populars amb la seva absoluta manca de respecte a la voluntat dels catalans es generaria un clima de tensió mai vist durant els anys que portem de democràcia que desembocaria en una nova convocatòria electoral, perquè si una cosa està clara es que Convergència i Unió no subvertirà la voluntat majoritària dels espanyols possibilitant un govern de perdedors. No farem al conjunt d’Espanya allò que ens han fet a Catalunya.

De totes formes l’Estatut de Miravet està sentenciat negativament perquè en realitat no hi ha diferències en el posicionament entre magistrats conservadors o progressistes. Predominin uns o altres el resultat de la sentència acabarà amb l’Estatut ratificat per la voluntat popular catalana, ja que el predomini dels magistrats conservadors pot anul·lar el text estatutari en molts dels seus aspectes importants. Però els magistrats progressistes imposarien una sentència interpretativa que deixaria el contingut estatutari formalment intacte però completament anul·lat.

Pel que fa a Catalunya cal preparar-nos per una sentència que com acabo de dir en qualsevol dels casos serà negativa i que sens dubte crearà la pitjor situació pel nostre país en els gairebé trenta anys d’autogovern que portem. Davant d’aquesta situació cal donar una resposta ferma però asserenada, consistent en la dissolució del Parlament i la celebració d’Eleccions que ens permetin triar un Govern fort. Aquest nou govern ha de defensar fermament els interessos de Catalunya tot elaborant un nou Estatut útil per continuar tirant endavant la maquinària del nostre autogovern: l’autogovern dels ciutadans de Catalunya.

Quema antimonárquica de fotos en Catalunya

El pasado 13 de septiembre don Juan Carlos I visitó la ciudad de Girona en lo que fue la segunda visita de su reinado a dicha urbe, transcurriendo treinta años de su primera visita que se remonta al año 1979. Durante dicha visita un reducido grupo de independentistas antisistema y extraparlamentarios procedió a manifestarse contra la visita real quemando fotos de su majestad, situación que a ojos de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional constituyó un delito de injurias a la Corona castigado con una pena máxima de dos años de prisión. Los dos encapuchados que quemaron las fotos del Rey fueron citados ante la Audiencia Nacional y el juez Santiago Pedraz decidió encausarlos por el mencionado delito. Sin embargo la quema de retratos reales prosiguió el pasado 22 de septiembre en Girona y Molins de Rei pero esta vez de forma más grave puesto que en una concentración de apoyo a los encuasados fueron 50 los individuos que quemaron fotos. La Audiencia Nacional actuó de igual forma y el juez Grande Marlaska ha citado a 8 de los 50 incendiarios que protagonizaron los incidentes esperando poder proceder a la identificación de los 42 restantes. Entretanto, al cierre de este artículo fueron quemadas fotos de don Juan Carlos en Manresa y Lleida.

La primera y más importante consideración consiste en el carácter delictivo de los hechos pues traspasan claramente los límites del derecho a la libertad de expresión establecidos en el artículo 20.4 de la Constitución. Es posible, desde 1978 siempre ha sido así, manifestar opiniones contrarias a la Corona en el marco de manifestaciones legales, pero constituye un acto delictivo quemar imágenes del Rey porque supone una clara vulneración del derecho al honor de un símbolo constitucional, uno de los principales símbolos del Estado que nos pertenece a todos los españoles por haber sido la Constitución de 1978 refrendada por una clara mayoría de los catalanes y del conjunto de los españoles.

En segundo lugar debo desmentir de forma clara y rotunda que estos hechos prueben que en Catalunya hay un claro sentimiento o campaña destinada a desprestigiar a la Corona. Los autores de los hechos pertenecen a colectivos independentistas eminentemente marginales y extraparlamentarios como es el caso de las CUP, Maulets o Endavant que tienen escaso poder de convocatoria y que siempre que tienen lugar desafortundadas acciones de este tipo son los mismos. Estos colectivos no representan ni de lejos los sentimientos de la sociedad catalana y sólo han conseguido adquirir notoriedad por la espectacularidad y gravedad de sus acciones pero no pasan de ahí porque su marginalidad les hace incapaces de captar más gente dispuesta a unirse a su campaña antimonárquica. Es muy importante resaltar la circunstancia de que ningún responsable tanto de ERC como de ICV-EUIA se haya unido a estos colectivos, porque pese al carácter antimonárquico que tienen estos partidos siempre han mostrado sus discrepancias con la monarquia constitucional de forma legal y respetuosa tal y como marcan los cauces del Estado de derecho.

Sin embargo los hechos de las últimas semanas han resucitado de nuevo el miedo en la formación ecosocialista al fantasma de la crisis que de tanto en cuanto aparece en ICV-EUIA desde que a Joan Saura le tocó hacerse cargo de la conselleria de Governació y por lo tanto, del mando de las fuerzas de orden público de Catalunya: los Mossos d’Esquadra. De nuevo el líder de los ecosocialistas aparece emparedado entre los que le acusan de impasividad frente a los colectivos radicales y marginales y aquellos que en el interior de ICV-EUIA le reprochan una actitud represiva hacia colectivos amigos como son aquellos que han protagonizado el ultraje a la Corona. Menos mal que estos incidentes no van a ir a más porque de lo contrario más que la monarquia la víctima sería el propio Saura que moriría políticamente, fruto de las contradicciones internas y la falta de seriedad de su formación que es completamente incapaz de convertirse en un partido serio y competente preparado para asumir responsabilidades de gobierno.

Finalmente cabe remarcar la vergonzosa falta de reacción oficial ante los hechos por parte de la clase política catalana que una vez más ha demostrado su absoluta incapacidad para sacar a Catalunya de la grave crisis en la que se halla immersa y que con episodios como este se acerca cada vez más hacia el absimo. No ha habido ni una sola reacción de carácter firme y grave capaz de poner fin a los incidentes que acabarán al cabo de aproximadamente dos semanas, no por la reacción de los políticos sino por la marginalidad de los colectivos mencionados. Sin embargo hay una excepción: la protagonizada por Ciutadans que han sido los únicos a alzar la voz contra la gravedad del ultraje a la Corona acontecido en los últimos días, convocando una manifestación para que pueda oirse la voz de aquellos que en Catalunya nos hallamos al lado de la monarquia constitucional, apoyándola firmemente. Desafío a aquellos que estos últimos días han callado para que el próximo 6 de Octubre en Barcelona vean quién reacaba más apoyos: los catalanes que apoyamos a nuestra monarquía constitucional o bien los desarrapados que queman fotos de don Juan Carlos. Mientras tanto Albert Rivera le ha dado un evidente tortazo al Partido Popular y a su líder catalán don Daniel Sirera porque no tiene ningún complejo en sacarnos a la calle y unirnos detrás suyo a los catalanes nacionalistas y no nacionalistas que queremos a la Corona, mientras Sirera no es capaz de defender con eficacia sus postulados, prueba de la permanente crisis e inutilidad de los populares catalanes que no sirven para nada. No cabe duda de que con esta manifestación don Albert Rivera se apuntará un tanto muy importante.

De todas formas para acabar le doy un perqueño tironcito de orejas a don Juan Carlos porque de la proximidad nace el aprecio y no está nada bien pasarse veintiocho años sin visitar Girona mientras visita dos veces al año el también precioso archipiélago balear.