Durante el pasado mes de septiembre de 2007 el lehendakari Juan José Ibarretxe compareció ante el Parlamento Vasco para anunciar una hoja de ruta fundamentada en el ejercicio por parte de la ciudadanía vasca del llamado derecho a decidir. Dicha hoja de ruta se fundamentaba en tres pasos: diálogo de nueve meses de duración entre el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado para alcanzar un acuerdo sobre la formulación de un nuevo marco jurídico capaz de derogar el vigente Estatuto de Gernika, en caso de no llegar a un acuerdo convocatoria del Parlamento vasco en junio de 2008 para aprobar la celebración de un referéndum sobre la ejecución del derecho a decidir a celebrar el 25 de octubre conmemorando la aprobación del Estatuto de Gernika, disolución del Parlamento Vasco y convocatoria de elecciones tras el referéndum y negociación entre todos los agentes políticos y sociales del País Vasco para llegar a un acuerdo que permita celebrar un segundo referéndum en el que los ciudadanos vascos se pronuncien sobre si desean seguir formando parte de España o constituirse en un nuevo Estado independiente.
El Estatuto de Gernika establece los procedimientos necesarios para llevar a cabo la reforma del marco jurídico y político del País Vasco. Por ello el procedimiento que pretende llevar a cabo Juan José Ibarretxe es inconstitucional y antiestatutario, pues el Estatuto de Gernika debe reformarse con el consenso de la mayoría del Parlamento vasco y no de forma unilateral por parte de las fuerzas que integran el Gobierno vasco prescindiendo pro completo del acuerdo con las fuerzas de oposición en Euskadi. Así pues Ibarretxe no puede negociar nada con el Presidente del Gobierno amparándose en una bilateralidad ficticia sin contar con el apoyo de las fuerzas de oposición de Euskadi y sin un texto que respalde sus pretensiones.
Han pasado los nueve meses dados por Ibarretxe para alcanzar un acuerdo sin acuerdo y el lehendakari ha apostado por mantener su desafío a la Constitución de 1978 presentando una ley en el Parlamento Vasco que pretende dar el sustento legal necesario a su consulta sobre el derecho a decidir. La ley que será sometida a votación por el Parlamento vasco el próximo 27 de junio es muy breve y consta únicamente de dos preguntas que son las que conformarán el referéndum del próximo 25 de octubre. El Gobierno vasco pretende preguntar a los ciudadanos vascos acerca de su conformidad para abrir un proceso dialogado destinado a poner fin a la violencia de ETA y sobre la formalización del derecho a decidir en un nuevo referéndum sobre la independencia del País Vasco. Para poder sacar adelante el referéndum el PNV debe contar con los votos del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) que se mueve en una situación de ambigüedad, pero que finalmente pondrá al servicio de Ibarretxe los votos necesarios para que pueda celebrar la consulta ya que las preguntas no suponen una condena de ETA. De esta forma el próximo 27 de junio el Parlamento vasco aprobará con los votos de PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batúa y Aralar.
Tras la aprobación del referéndum por parte del Parlamento vasco el lehendakari comparecerá junto a los miembros del Gobierno vasco para convocar el referéndum, adquiriendo dicha convocatoria efectos jurídicos en cuanto aparezca publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. A partir de esa fecha y momento la ley que da sustento legal al referéndum adquiere plena vigencia y el tiempo echa a andar: empieza la cuenta atrás. .. El artículo 149.1.32 de la Constitución establece que la competencia exclusiva para la convocatoria de referéndum corresponde al Gobierno de España y Juan José Ibarretxe ha convocado el referéndum del 25 de octubre sin la autorización del Gobierno del Estado. En base a ello el Gobierno debe presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento vasco que convoca la consulta pidiendo también la suspensión de la misma, pues si el Gobierno no pide su suspensión en base a la gran lesividad que este referéndum representa para los intereses generales de España la consulta podría llegar a celebrarse si el TC no dictase sentencia con la suficiente antelación. En el sistema constitucional español las leyes recurridas siguen vigentes si no se argumenta sus suspensión.
Cuando el Gobierno haya presentado el recurso de inconstitucionalidad suspensivo contra el referéndum sobre el derecho a decidir es previsible que el Tribunal Constitucional dicte sentencia en un plazo breve de tiempo. Aunque esta sentencia no debería ser formulada hasta que no se haya producido la renovación de cinco de los doce magistrados que conforman el TC, pues en base a su composición actual el Tribunal Constitucional no dispone de legitimidad para pronunciarse sobre cualquier asunto. Durante el plazo de tiempo comprendido entre la formulación del recurso y la aparición de la sentencia no se prevé ninguna respuesta extemporánea por parte de las fuerzas que integran el Gobierno vasco que como mucho celebrarán alguna multitudinaria manifestación por las calles de Bilbao. La sentencia del Tribunal Constitucional declarará inconstitucional el referéndum sobre el derecho a decidir del próximo 25 de octubre y llegados a esta circunstancia se desconoce qué respuesta pueden adoptar PNV, EA y EB: seguir adelante con su pulso al Estado celebrando el referéndum o bien disolver el Parlamento vasco y convocar elecciones. El tiempo juzgará y pondrá a cada uno en su lugar...
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