El pasado 27 de junio el Parlamento vasco aprobó con los votos favorables de PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batúa, Aralar más un voto prestado del PCTV la ley que autoriza al lehendakari Juan José Ibarretxe a convocar un referéndum para que la ciudadanía vasca se pronuncie acerca del llamado derecho a decidir . Ahora el Boletín Oficial del País Vasco publicará la ley que da origen al referéndum y este se entenderá como formalmente convocado para la fecha del 25 de octubre, día en el que se conmemora el treinta aniversario de la aprobación del vigente Estatuto de Gernika por la ciudadanía vasca. Una vez la consulta cobre vigencia con su publicación tanto el Gobierno como el Partido Popular ya han anunciado respectivamente que presentarán sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, solicitando el Gobierno la suspensión temporal de la ley para evitar que el referéndum pudiera llegar a tener lugar.
Finalmente se han cumplido los peores pronósticos y el Parlamento vasco ha aprobado la convocatoria del referéndum sobre el derecho a decidir gracias a un voto prestado por los parlamentarios del Partido Comunista de las Tierras Vascas, rompiendo así el empate a 33 votos entre PNV, EA e IU-EB por un lado y PSE-EE/PSOE y PP por otro. Esto significa que de los nueve diputados del PCTV uno ha votado a favor y los ocho restantes se han abstenido, por lo que el referéndum sobre el derecho a decidir cuenta con la abominable aprobación implícita de ETA.
Ahora habrá que esperar a que la convocatoria del referéndum sobre el derecho a decidir para el próximo 25 de octubre se oficialice con la publicación del texto de la ley sobre la consulta en el Boletín Oficial del País Vasco. Una vez se haya producido este hecho el Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en base a la incompetencia del Gobierno vasco para convocar referéndum, pues el artículo 149.1.32 de la Constitución establece para el Gobierno de España la competencia exclusiva para convocar referéndum. Asimismo el Gobierno hará uso de la potestad exclusiva que le reconoce la Constitución para solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la vigencia de la ley recurrida, en base al grave perjuicio que podría ocasionar para los intereses generales de España la celebración de este referéndum sobre el derecho a decidir. Es altamente probable que el TC dicte sentencia en un plazo relativamente corto de tiempo y entre la presentación del recurso y la publicación de la sentencia las fuerzas que integran el Gobierno vasco no van a llevar a cabo ninguna reacción extemporánea, más que la celebración de alguna manifestación por las calles de las tres capitales vascas.
Asimismo también es altamente probable que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley recurrida, con lo que de esta forma el referéndum sobre el derecho a decidir quedaría prohibido. Una vez se haya producido este hecho será sumamente importante saber qué decisiones va a llevar a cabo el Gobierno vasco ante el que quizás será uno de los momentos con mayor incertidumbre que ha vivido España desde el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Se dibujan en el horizonte dos opciones: disolver el Parlamento vasco y convocar elecciones o bien hacer caso omiso de la decisión del TC y celebrar igualmente el referéndum incurriendo en un acto de desobediencia muy grave. A pesar de las consecuencias de ello el Gobierno vasco apostará por desobedecer al Tribunal Constitucional manteniendo la convocatoria del referéndum para el próximo 25 de octubre, abriendo así una situación inaudita en nuestra treintañera democracia que obligaría a tomar medidas excepcionales. Temiéndose y preparándose para lo peor respecto la reacción del Gobierno vasco una vez conocida la sentencia del TC así lo llegó a reconocer el ministro de Justicia don Mariano Fernández Bermejo el día en el que el Gobierno anunció su decisión de recurrir ante el TC el referéndum sobre el derecho a decidir. Esperemos no llegar a estos extremos y finalizo este artículo con mi firme deseo de no tener que explicar las medidas excepcionales que debería aplicar el Gobierno porque no haya razón para ello. Ya lo haré en el caso que finalmente lleguemos a ese momento dramático que esperemos que por el bien de Euskadi y España jamás tenga lugar.
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