En mi último artículo sobre el estado del Tribunal Constitucional comenté que la presidenta del Tribunal había sido formalmente recusada en la causa sobre la reforma de la LOTC y que por lo tanto el recurso de inconstitucionalidad se dirimiría con la presencia de once magistrados. En base a este hecho quedaba configurada una mayoría conservadora en el Pleno que inclinaría la balanza en contra de la constitucionalidad de la LOTC, pero la situación cambió repentinamente con el anuncio del gobierno consistente en la recusación de dos magistrados conservadores, por lo que dichas recusaciones saldrían adelante y con mayoría progresista la balanza se inclinaría a favor de la constitucionalidad de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del TC. Pero la situación ha cambiado de nuevo....
Resulta que el Gobierno anunció la recusación de Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata pero en cambio no la presentó formalmente ante el TC por lo que no pudo obrar el cambio de mayorías en el Pleno y ello ha dado ventaja al Partido Popular, que ha anunciado y ha presentado formalmente una recusación contra los magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps, Pascual Sala y Eugeni Gay por haberse reunido con María Emilia Casas para transmitirle su posición favorable a la reforma de la LOTC.
Es la misma maniobra efectuada por el Gobierno, con el mismo objetivo de alterar la composición del pleno ante la causa de la LOTC pero en sentido opuesto. Con ella se consagra el desprestigio definitivo del máximo intérprete de la Constitución pues queda demostrada la falta de capacidad del TC para tomar sus decisiones de forma independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. Por ello ambas recusaciones no presentan el más mínimo y elemental fundamento jurídico en base a derecho, dado que en ambos casos los magistrados recusados no pueden ser acusados de parcialidad ya que expresaron su posición a la Presidenta de forma absolutamente privada. No podía ser de otro modo, se comportaron de forma correcta pues si hubieran hecho pública su posición quedarían completamente invalidados para tomar una decisión al respecto y la recusación hubiera sido lógica.
A pesar de carecer del más mínimo argumento jurídico las recusaciones de los tres magistrados saldrán adelante, pues no podrán pronunciarse sobre su recusación y entonces el Tribunal Constitucional quedará formado en la causa de la LOTC por ocho magistrados, con una clara mayoría conservadora de seis magistrados enfrente de tan solo dos magistrados progresistas. Entonces el pleno quedará situado justo en el quórum de ocho magistrados necesarios para poder tomar una decisión pero el pleno se podrá reunir con la composición anteriormente mencionada y la LOTC será declarada inconstitucional. María Emilia Casas deberá dimitir y el magistrado conservador Vicente Conde asumirá la presidencia del TC.
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